El acuerdo de cooperación vigente entre Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) contempla la ampliación del muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en el Pacífico; el diseño de un tren de carga desde esa terminal hacia las afueras de Escuintla, y la intervención de seis tramos carreteros.
Dicho programa está en fase de análisis, estudios y factibilidad técnica y financiera, y garantiza el diseño de obras para responder a la demanda de infraestructura, señalada de forma recurrente por los usuarios guatemaltecos.
Como parte del marco de cooperación bilateral establecido en febrero del 2025, se mantiene una carta de aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) entre el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala y Usace para dar seguimiento a estos proyectos de gran envergadura y el último fue suscrito el pasado 15 de enero.
Los procesos deberán mostrar avances significativos y acelerarse en los próximos 24 meses, periodo en el que la actual administración gubernamental se encuentra a mitad de su gestión.
Con la firma del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., los ministerios de la Defensa Nacional y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) podrán contar con capacidades adicionales para desarrollar estudios de preinversión necesarios, tanto para los seis proyectos de infraestructura vial presentados como para los estudios iniciales del tren de carga entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Escuintla. El objetivo es mejorar la logística, ampliar la capacidad portuaria y agilizar la inversión pública.
Herlindo Herrera, director de la Gremial Logística, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que estos proyectos atienden parte de la demanda del sector productivo en cuanto a la planificación técnica de infraestructura crítica.
José Andrés Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) expuso que los proyectos anunciados son importantes y estratégicos, sobre todo para mejorar la movilidad en zonas con alto flujo de personas y carga, y para fortalecer corredores clave del interior del país.
Intervenciones de este tipo contribuyen a reducir costos de traslado, mejorar la conectividad y habilitar nuevas oportunidades para el desarrollo industrial, comercial e inmobiliario.
No obstante, aclaró Ardón que dada la magnitud del rezago en infraestructura que se enfrenta, estos proyectos deben entenderse como un buen inicio, pero no como una solución suficiente para atender toda la demanda existente. “La necesidad de contar con vías alternas, circunvalaciones, nuevas carreteras y una mejora sustancial en la calidad de la red vial sigue siendo urgente”, afirmó.
En ese sentido, el valor estratégico del convenio también debe medirse por su capacidad de generar transferencia de conocimientos y fortalecimiento institucional, de manera que el país pueda escalar este tipo de proyectos utilizando herramientas ya disponibles como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y los esquemas de alianzas público-privadas.
La mejora de carreteras estratégicas, accesos portuarios y la planificación ferroviaria contenida en este acuerdo puede reducir tiempos de traslado, consumo de combustible y pérdidas operativas, lo cual impacta directamente en la productividad de las empresas.
